La autonomía universitaria y un gobierno de estrépito
César Velázquez Robles
Estamos ante un gobierno de estrépito. En el afán de recuperar el tiempo perdido y condensar en unos cuantos días años de esfuerzos en la lucha por el poder a través de reformas que se distinguen por su presunto amplio calado, se cometen errores de todo tipo. Desde el contenido en aquella iniciativa de ley de remuneraciones de los servidores públicos, en la que en lugar de referirse a la ciudad de México, se menciona al Distrito Federal, y que fue despachado como “peccata minuta”. Y tal vez lo sea, sobre todo si se le compara con el “error” de eliminar del texto que cancela la reforma educativa –en realidad una contrarreforma–, la autonomía universitaria.
La voz de alarma ante este hecho, lo dio de inmediato el diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien tuiteó: “Esta noche (del 12 de diciembre) la Cámara de Diputados ha recibido la propuesta del presidente López Obrador en materia educativa. Sorpresivamente el texto desaparece la autonomía universitaria, piedra angular de la educación superior mexicana. Gravísimo”.
Aquí caben dos posibilidades:
Una, que, en efecto, como reconocerían después tanto Esteban Moctezuma como el propio presidente López Obrador, se haya tratado de un “error”. No es descartable la hipótesis, sobre todo al constatar la premura con la que ha comenzado esta gestión, y que le ha llevado a cometer tropiezo tras tropiezo. El descuido y el desaseo con que se está procediendo en el propósito de subvertir gran parte del andamiaje jurídico, político y administrativo que hasta ahora ha regulado –para bien o para mal– el funcionamiento del sistema político mexicano y del Estado de derecho en nuestro país, no puede justificar fallas de esta naturaleza.
Dos, que el gobierno haya trata de pasar de contrabando el deliberado propósito de violentar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior del país, lanzando ese órdago sobre ellas. Ya lo sabemos: la palabra autonomía –y todos sus derivados—causa escozor en el discurso presidencial, y estamos asistiendo a una ofensiva –abierta o embozada—frente a instituciones que disfrutan de esta prerrogativa, sea el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, y ahora las universidades.
Y no es que uno sea paranoico, pero este “pequeño error” con relación a las universidades no es el primero; es el segundo en tan solo unos días. Recordemos que hace unos días, según los ajustes financieros para cuadrar las cuentas del presupuesto de 2019, el gobierno había decidido una reducción de hasta 32.5 por ciento en los recursos asignados a las instituciones de educación superior. La difusión del asunto obligó al secretario de Hacienda y Crédito Público, a justificarse: “Fue un error en la manera como se calculó sueldos y salarios para las universidades. Eso se hace en Hacienda. Se les dieron los nuevos tabuladores y fue un errorcito. Ya se compuso”.
Me inclinaría más por esta segunda hipótesis, y me llama la atención que el propio presidente en su homilía matutina de este jueves 13 de diciembre, la haya despachado como un asunto menor, inocuo, intrascendente. Así, por ejemplo, señaló: “Para que no se use de pretexto o de excusa, y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía”. Apuntó, además, a que sus adversarios sólo están esperando que se cometa alguna equivocación o error para criticarlo: “los que están a disgusto por la decisión que tomamos de cancelar la reforma educativa, van a querer agarrar eso de bandera, entonces es mejor aclararlo”.
Quiso así López Obrador mostrarse magnánimo. El desdén y desprecio con el que se refiere a la autonomía –ahí está su expresión: “estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía”— no es sino indicador de cuál será el comportamiento y la actitud frente a las universidades públicas que en los años venideros ejerzan el papel de conciencia crítica y moral de la sociedad mexicana: serán acosadas, sometidas a presiones de todo tipo, intervenidas, sujetas al arbitrio del poder político. La idea de que las universidades son instituciones del Estado y la nación, y que requieren para su desarrollo de un ambiente de libertad de cátedra e investigación, así como de un espacio para el ejercicio de la crítica, será puesta a prueba por un gobierno que empieza a mostrar preocupantes signos de autoritarismo.
Ese “estamos dispuestos”, resume el talante autoritario al que me he referido. La SEP también ha tratado de restarle filo al asunto, y prácticamente ha tratado de darlo por cancelado, repitiendo en un boletín lo que ya adelantó su titular: que fue un “error de captura”.
Bueno, con tal de que este “error de captura” no se traduzca en una “captura de las universidades” para fines de control e instrumentalización, vale.